Domínguez Brito, pide a SCJ investigar a seis jueces que «negociaban» libertad de procesados
La lista de jueces está encabezada por Francisco Alberto Arias Valera, extitular del Consejo del Poder Judicial y exjuez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
La integran además Awilda Inés Reyes Beltré, José Dioniocio Duvergé Mejía, Delio Antonio Germán Figueroa, Roso Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
La Procuraduría acusa a esos jueces de prevaricación, en violación a los artículos 181 y 183 del Código Penal.
Asegura que Arias Ventura encabezaba una supuesta estructura a lo interno del Poder Judicial integrada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares que se dedican a “manipular procesos judiciales y negociar libertad de personas ligadas al crimen organizado en las áreas de narcotráfico lavado de activos y corrupción”.
En su instancia, Domínguez Brito señala que la la Procuraduría inició una investigación contra los jueces a partir del rumor público, “sobre todo al diseminado en los palacios judiciales, por la proximidad directa con los hechos en nuestra condición e acusadores públicos que nos convierte en testigos de excepción”.
También, por “múltiples denuncias hechas por diversos medios y personas, todas referentes a actuaciones que conducen a la prevaricación en que estarían involucrados varios jueces, al margen de sus compromisos éticos y legales, como miembros del Poder Judicial del Estado”.
Según la Procuraduría Arias Valera, quien dejó su cargo recientemente, influó para que el exjuez José Ygnacio Medrano Quéliz fuera designado como titular del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal para que “resolviera algunos casos de manera satisfactoria a los intereses de Arias Valera”.
La Procuraduría señala a Arias Valera como “la persona que contactó e influyó a cambio de altas sumas de dinero en la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré, juez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, para que emitiera varias decisiones”.
Entre esas decisiones señala la sentencia de Habéas Corpus número 151-2015, del 30 de octubre, que favoreció con la libertad al regidor de Pedro Brand Erikcson de los Santos Solís (Ney), acusado de dirigir una supuesta banda de sicarios que se dedicaba a asesinar transportistas.
