Titulatec declara bancarrota por decreto paraliza actividad
La empresa inmobiliaria Titulatec y su patrocinador, el Centro Inmobiliario Dominicano (CID), denunciaron que a consecuencia de la suspensión forzosa de sus actividades especializadas en titulación de propiedades por parte del Gobierno, atraviesan por una situación de deterioro económico y enfrentan dos notificaciones del Ministerio de Trabajo por deuda contraídas con el personal.
El gerente general de Titulatec, José De Pool Dominici, hizo público el panorama financiero por no estar en condiciones de dar respuestas a las demandas de empleados, promotores y acreedores bancarios,
Dijo que están en el limbo, lo que evidencia una apresurada desaparición de sus gestiones de 40 años al servicio de la industria de la construcción.
Titulatec es la empresa que fue acusada de la compra irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
De Pool Dominici afirma que esto se trataba, en realidad, de la titulación de propietarios que levantaron mejoras en áreas negociadas por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) con la inmobiliaria Fernández Parache (INFEPA), que se asoció con Titulatec para proceder a legalizar a ocupantes de solares en parcelas adquiridas.
Sostuvo que los predios pertenecieron a Dominicana Industrial de Calzados (DOINCA), una de las 52 empresas heredadas a la caída de la tiranía trujillista. Indicó que la acción del Gobierno “respondía al ruido que sectores vinculados a legisladores de la oposición hicieron” para que los suspendan de la venta por decreto, ordenando la paralización de las operaciones de Titulatec.
Aseguró que la inmobiliaria se especializa en la gestión de títulos de propiedad para amparar a dueños de mejoras que solicitan sus servicios, de cara a regularizar el estatus jurídico de sus propiedades, y de paso convertirse en sujeto de crédito.
De Pool Dominici, socio mayoritarios, precisó que la demanda del Ministerio de Trabajo la tienen desde el 5 de mayo, por lo que llamó a las autoridades, a entender que sin pretenderlo, han atentado contra la libre empresa y de paso, “van contra el precepto constitucional que consagra nuestra seguridad jurídica”.
