R.Dominicana «garantiza» respeto de DD.HH. de indocumentados, dice Procurador
«Se trata de un tema que durante todo el proceso se ha manejado lo más humanamente posible y en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos», manifestó Domínguez Brito en un comunicado.
A su vez, dijo que el Gobierno «ha impulsado acciones importantes para consolidar la democracia y la justicia social, teniendo especial orientación en este sentido, el tema del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
El procurador expresó sus consideraciones en medio de diversas opiniones, a favor y en contra, generadas tanto en el país como en el extranjero tras la conclusión del plazo para que los extranjeros indocumentados se acogieran al Plan Nacional de Regularización.
Este plan y la ley especial de naturalización, que venció el 1 de febrero, surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida en septiembre de 2013.
Al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros se acogieron 288.466 indocumentados, la mayoría haitianos, y 8.755 lo hicieron a la Ley especial de Naturalización.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que, tras finalizar el plazo para acogerse al plan de regularización, no solo se lleven a cabo deportaciones masivas en República Dominicana, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
El director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo ayer en Santo Domingo que el Gobierno dominicano debe de detener inmediatamente la expulsión de dominicanos descendientes de haitianos y garantizarles sus derechos.
Miles de dominicanos descendientes de haitianos «continúan en un limbo legal» sin la posibilidad de ejercer sus derechos más básicos como registrar a sus hijos, inscribirlos en un colegio o viajar por el país con temor a ser expulsados, según un informe de HRW presentado este miércoles en Santo Domingo.
El procurador general precisó hoy en el comunicado que todo lo que se haga al respecto estará basado en la Ley General de Migración, la Ley de Naturalización 169-14 y la sentencia del TC, así como del Protocolo de Entendimiento sobre Mecanismos de Repatriación firmado con Haití y lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe las deportaciones masivas.
Con relación a la aplicación de ese protocolo, Domínguez Brito dijo que el Gobierno ha dado facilidades a los haitianos que deseen regresar de manera voluntaria a su país.
Asimismo, afirmó que todas las instituciones que representan al Gobierno en el tema migratorio «han sido instruidas para que desarrollen una labor de manera coordinada y que sea siempre en el marco del respeto y buen trato a los ciudadanos».
En una sesión el martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, aseguró que su país «no deportará a un solo dominicano» e insistió en que su Gobierno está «haciendo todo lo posible para garantizar su protección».
Navarro indicó que las denuncias sobre la situación de apátridas de miles de ciudadanos de origen haitiano en su país se deben a informaciones erróneas vertidas por los medios de comunicación.
Asimismo, el canciller dominicano describió los mecanismos que el Gobierno de su país ha desplegado para proveer de ciudadanía y regularización a los ciudadanos de origen haitiano nacidos en suelo dominicano pero de padres extranjeros en situación irregular. EFE
