Obispo Castro Marte apoya decreto 22-21 que instruye recuperar bienes robados
SANTO DOMINGO.-El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, respaldó este miércoles la decisión del presidente Luis Abinader de designar una comisión de juristas para recuperar los bienes sustraídos al Estado.El prelado católico consideró que con la emisión del decreto 22-21 el Poder Ejecutivo fortalece la institucionalidad de la nación.
Castro Marte con esa medida el país se encamina al desarrollo ya que el bien común “siempre ha de ser defendido”.
El obispo manifestó que el presidente Luis Abinader da muestras de que los viejos populismos “se desplazan” y que el país se dirige hacia el cambio deseado por todos».
El presidente Luis Abinader declaró este miércoles de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano.
La medida está contenida en el decreto número 22-21, mediante el cual el Mandatario instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que proceda a la
conformación de un equipo de profesionales del derecho de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad para que asuma la representación del Estado Dominicano en las acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos.
De igual forma, designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.
Mediante el Decreto número 22-21, el presidente Luis Abinader cumple su promesa anunciada el 9 de diciembre de 2020, al indicar que conformaría un equipo de abogados para que represente al Estado, en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.
