Juez Alejandro Vargas declara inadmisible procedimiento acuerdo entre Procuraduría y Odebrecht
El juez presidente del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró ayer inadmisible el procedimiento usado para la solicitud de homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría General de República y la constructora Odebrecht, al tiempo que declaró las investigaciones del caso complejo.
El magistrado José Alejandro Vargas ordenó la devolución del acuerdo al ministerio público y a la empresa brasileña, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que compartan la gravedad de los hechos que se investigan.
De su lado, el abogado que representa al gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, doctor Robert Valdez, a la salida del tribunal, anunció que se reunirá con un equipo de abogados de la firma brasileña para determinar si recurren la decisión del tribunal.
El juez aclaró que esto no quiere decir que el acuerdo ha sido rechazado, sino el procedimiento usado para introducir en el tribunal el pacto en que Odebrecht se compromete a pagar al Estado US$184 millones en compensación por el pago de sobornos para ser favorecida con obras públicas.
Con la solicitud de homologación, la Procuraduría procuraba que el tribunal dispusiera la extinción de la acción penal en favor de Odebrecht, su grupo económico y empleados directos.
Vargas precisó que aunque en sus conclusiones formales, la Procuraduría ni Odebrecht señalan al juez a cuál procedimiento aspiran para que el acuerdo fuera homologado jurisdiccionalmente, dejan claramente establecido que la solución acordada es la conciliación y no la suspensión condicional de la pena y el procedimiento penal abreviado, ya que incumplen para las formalidades jurídicas.
El tribunal entiende, sin embargo, que en cuanto a la conciliación, la Suprema Corte de Justicia en su resolución 1029-2007, no hace mención del ministerio público como integrante de los que puedan valerse de ese procedimiento para dirimir una controversia.
El juez alega que al recurrir al tribunal, el ministerio público desborda el principio de legalidad, por cuando condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le ha sido dado, en virtud de algún mandato legal.
“Por lo tanto, tal y como han reconocido ambas partes, se trata de hechos graves, y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica”, acotó el juez en uno de los considerando de la sentencia que consta de 11 páginas.
Manifestó que en el ordenamiento penal dominicano las partes que pueden conciliar son denunciante, querellante, víctima u ofendido y querellado, quienes acuden a las Fiscalías para que ese órgano antes de dar curso a los sometimientos, trate de conciliar sus diferencias cuando se trate de infracción de acción pública a instancia privada, o antes el juez, cuando la querella sea de acción privada.
Declara el caso complejo
Por otro lado, el juez AleVargas declaró complejo las investigaciones seguidas en torno al caso de la constructora Odebrecht.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger una solicitud que hiciera en ese sentido la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que encabeza Laura Guerrero.
El ministerio público hizo la petición a los fines de seguir con la investigación abierta en contra de la constructora, por presunta violación a los artículo 166, 167 y 175 del Código Penal Dominicano, la ley 448 -06 sobre soborno transaccional sobre el comercio y la inversión, así como violación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de droga. Se recuerda que la solicitud de homologación del acuerdo fue depositada en el tribunal el pasado 10 de febrero por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht, doctor Robert Valdez.
(+)
MARCHA VERDE PIDE LA RENUNCIA PROCURADOR
El movimiento Marcha Verde saludó la decisión del juez Vargas, y de inmediato pidió la renuncia del procurador Jean Alain Rodríguez.
“La resolución del juez Vargas muestra y desnuda al ministerio público por su incompetencia e ineptitud y sus claros vínculos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Danilo Medina. Esta realidad se suma a las razones para la designación de fiscales independientes acompañados por especialistas de Naciones Unidas, como lo plantean los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que han firmado el Libro Verde”, indicaron en nota de prensa.
Dicen que la Procuraduría General pretendía garantizar amplios niveles de impunidad, a través de un acuerdo concebido para impedir la recuperación del dinero robado, el encarcelamiento de los implicados y la cancelación de los contratos.
“La Procuraduría General de la República engañó al pueblo dominicano con el contenido del acuerdo en cuanto a los delitos que iban a ser objeto del acuerdo y estaban pactando también el lavado de activos y la prevaricación.
Además la sentencia leída por el juez explica que encaminaron el pedimento por la vía de la conciliación y no por el criterio de oportunidad para casos complejos”, sostiene.
Las organizaciones sociales demandaron la renuncia del procurador Jean Alain Rodríguez, por haberle mentido a la ciudadanía al indicar que cursaría un procedimiento y usó otro totalmente distinto, que no existe en la ley para casos graves.
Ayer decenas de personas integrantes del movimiento, portando pancartas, altoparlantes y paraguas color verde, expresaron su rechazo a la homologación frente al Palacio de Justicia.
