JCE dice auditoría de la Cámara de Cuentas obvia detalles técnicos de equipos elecciones 2016
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo ayer que la auditoría de la Cámara de Cuentas no cubre aspectos técnicos del funcionamiento de los equipos usados para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016, los cuales fueron suministrados por la empresa Indra Sistemas, que reclama el pago de una deuda de US$13,927,931.
Mediante un comunicado, Castaños Guzmán señaló que deben esperar que la Comisión de Asesores Informáticos que integró el Pleno de la JCE, con representantes de academias y empresas, también rinda un informe con sus valoraciones y recomendaciones.
“La decisión referente al cobro que actualmente realiza Indra a la JCE y respecto al futuro de los equipos será determinada, finalmente, una vez concluyan dichas evaluaciones”, precisó. Dijo que esa Comisión tendrá su primera reunión el 14 de este mes.
Puntualizó que el informe definitivo de la Cámara de Cuentas fue recibido por la JCE el pasado viernes, al final de la tarde y que el Pleno se reunirá oportunamente para conocerlo.
Informe CC
Listín Diario informó ayer, en su edición digital, que la Cámara de Cuentas le recomendó a la JCE cumplir con el cronograma de pagos establecido con la empresa Indra Sistemas, que suplió los equipos técnicos.
El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el 28 de noviembre pasado el informe final de la investigación especial realizada a la situación financiera entre la empresa Indra y la JCE, en el que se cuantifica la deuda con la empresa en US$13,927,931. Señala que los principales funcionarios de la JCE actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara.
y los miembros Félix Álvarez Rivera, Margarita Melenciano Coporán, y por Carlos Tejada Díaz, secretario. “Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032.
