El Procurador solicita a la Suprema Corte de Justicia investigar jueza que dio orden sobre caso de Torre Atiemar

SANTO DOMINGO-El procurador general de la República, Domínguez Brito, solicitó que se investigue la actuación de la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, con relación a la sentencia que ordena se pague 20 millones de dólares a la constructora Prado Universal, antigua propietaria de la Torre Atiemar.

La sentencia No. 118-2015 20 del agosto de este año ordenaba al Banco de Reservas a pagar 20 millones de dólares a la constructora y condenaba al Ministro de Hacienda, al administrador general del Banco de Reservas y los miembros de su Consejo de Administración, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y el Procurador General de la República a pagar un millón de pesos, sino cumplían con la sentencia.

En el documento firmado por Domínguez Brito, se lee que se consideró que la jueza Awilda Inés Reyes Beltré, al emitir su sentencia no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido y que por lo tanto no es susceptible de liquidación ni de exigibilidad, cosa que le fue reconocida a la impetrante ignorando todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión.

Agrega que “la jueza de manera incomprensible” que la ejecución de actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la impetrante del amparo.

Domínguez Brito asegura que la magistrada dictó una sentencia “a todas luces descabellada, irracional, desproporcional, carente de lógica jurídica y alejada de la función natural del juez de amparo y además abusiva en contra” los funcionaros que condena a pagar el millón de pesos sino cumplen con su sentencia.

Hizo hincapié en que un deber fundamental de todo juez de amparo ponderar con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en esta importante acción, reconociendo los derechos que las mismas poseen y desean proteger y valorando la interacción de los mismos, pero que lamentablemente no ocurrió con este caso.

Dijo que esta decisión se puede constituir en un obstáculo a la lucha de las autoridades nacionales contra la criminalidad organizada transnacional, ya que acciones como esta pudieran tratar de amilanar o mermar las actuaciones del Estado en esta materia.

uf

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