Colegio Abogados cree que nuevo Código Penal fortalecerá lucha contra criminalidad
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) consideró ayer que el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional es una herramienta eficaz de lucha contra la criminalidad.
El presidente de la entidad Miguel Surún Hernández dijo que constituye un instrumento adicional para sancionar la delincuencia organizada y reducir los elevados índices de criminalidad que afectan a la República Dominicana.
Surún calificó de positivo el incremento de la pena máxima de 30 a 40 años, la acumulación de pena de hasta 60 años, penalización del secuestro de 20 a 30 años y castigos de cuatro a 10 años de cárcel a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales.
También, valoró el castigo planteado a la invasión de terrenos, feminicidio, envenenamiento, y el crimen de lesa humanidad, entre otros.
El jurista indicó que el Congreso Nacional ha dotado a los organismos represivos y al sistema de justicia en su conjunto para que pueda castigar de manera ejemplar los crímenes y delitos que se comete.
Anunció, además, un amplio programa de formación y actualización a nivel nacional referente a las nuevas infracciones que contempla el nuevo Código Penal a los fines de que los abogados de la República Dominicana estén en mejores condiciones de poder desempeñar sus funciones en favor de la sociedad.
Sin embargo, Surún Hernández rechazó que en el nuevo código se eliminaron dos circunstancias de las tres que permitían realizar un aborto legal, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres.
Explicó que el Código Penal aprobado en 2014 planteaba que el aborto podía realizarse legalmente cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo haya sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación del feto incompatible con la vida, mientras que el nuevo Código solo se permite el aborto legal cuando corre riesgo la vida de la madre.
«Obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación sexual, incesto o con malformaciones del feto cuando crece fuera del útero es una acción inhumana que afectaría a la madre y a la criatura física y sicológicamente», expresó Surún Hernández.
