La ONU pide a terceros países que dejen de apoyar a los beligerantes en Siria
GINEBRA.- La comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria pidió hoy a los países implicados de forma directa o indirecta en la guerra que dejen de financiar y proporcionar armas a los beligerantes.
La comisión presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su último informe, en el que hace un detallado recuento de las violaciones cometidas por todas las partes en el país árabe desde julio de 2016 hasta febrero de 2017.
El informe nombra a todos los grupos implicados en atrocidades, pero también acusa -aunque no los nombra a todos- a «terceros países» que apoyan a los beligerantes.
A estos les pide que cumplan con sus obligaciones y respeten la ley humanitaria internacional, las convenciones de Ginebra y todos los tratados que limitan el uso y transferencia de armas, para evitar que lleguen a grupos que no respetan la ley.
«En cumplimiento de sus obligaciones de respetar y asegurarse el respeto de las convenciones de Ginebra, pedimos que no den armas, financiación u otras formas de apoyo a las partes del conflicto cuando hay una expectativa de que dicho apoyo puede ser usado para perpetuar violaciones de la ley humanitaria internacional», reza el informe.
Además, la ONU pide a esos terceros Estados que ratifiquen el Acuerdo sobre Comercio de Armas que limita la transferencia de armamento.
Damasco cuenta desde hace meses con el apoyo de las Fuerzas Aéreas rusas y con fuerzas terrestres -en su mayoría milicias de iraníes, iraquíes, yemeníes y afganos- con las que «empezó tácticas brutales para forzar a los grupos armados (opositores) a rendirse», según el informe.
Asimismo, Turquía tiene desplegados soldados que luchan contra los yihadistas del Estado Islámico y contra las milicias kurdas, y EEUU, Arabia Saudí y Catar, entre otros, financian y arman a varios grupos rebeldes sirios.
El presidente de la comisión de la ONU, Paulo Sergio Pinheiro, recordó una vez más que el conflicto, que cumple ahora seis años, «es avivado constantemente por la implicación de actores externos».
A esos países implicados en el conflicto les pidió que usen su influencia, no para avivar el conflicto, sino para proteger a los civiles y para convencer a los beligerantes de la importancia del diálogo político «como único método para acabar con la guerra».
En este sentido, Pinheiro recordó que si la batalla por el control de Alepo (norte) demostró algo, es que no hay una solución militar al conflicto.
«La captura de la ciudad de Alepo no tendría que llevar a las partes en conflicto al engaño de que una solución militar es posible», agregó el profesor brasileño.
El informe describe toda las atrocidades cometidas por el régimen y sus aliados, como los ataques aéreos con bombas incendiarias, así como con gas cloro y bombas de racimo, prohibidas todas por la legislación internacional.
«Las fuerzas del Gobierno y sus aliados continuaron atacando infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, escuelas e instalaciones de agua», recoge el texto, que hace mención específica a los ataques a los equipamientos de agua de Wadi Barada, en la periferia de Damasco, que dejaron sin suministro a cientos de miles de personas.
Asimismo, en el informe la ONU acusa a los grupos armados de lanzar ataques contra civiles, con «docenas» de ellos muertos o heridos de gravedad.
Frente a todas estos abusos, Pinheiro se congratuló de que la Asamblea General de la ONU haya pedido la creación de un mecanismo internacional, imparcial e independiente que investigue y pueda procesar a las personas que hayan cometido crímenes graves en Siria desde marzo de 2011.
«El mecanismo es una oportunidad para buscar la asunción de responsabilidades y podrá ser una nueva medida de justicia para los sobrevivientes del conflicto», dijo Pinheiro, quien consideró que su creación es esencial dada la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU de enviar el caso a la Corte Penal Internacional.
