GUATEMALA: AUMENTAN LLAMADOS A QUE RENUNCIE EL PRESIDENTE
GUATEMALA (AP) — Las protestas y los llamados de diferentes sectores a que renuncie el presidente Otto Pérez Molina el jueves se sumaron a la integración del Congreso de una comisión que analizará el retiro de la inmunidad del mandatario para que sea investigado sobre su presunta vinculación con un millonario fraude fiscal.
La comisión del Congreso quedó integrada por los diputados oficialistas Mario Linares y Gloria Sánchez: Jorge Barrios Falla y Sergio Celis del partido Líder, vinculado al oficialismo, y Nineth Montenegro, del opositor Encuentro por Guatemala, pero no se les fijó un plazo para que emita una recomendación.
Un periodista de The Associated Press pudo observar un menor movimiento en las calles y la ausencia de buses del transporte público. El Palacio de Gobierno, frente a cuya sede se instalaron desde la madrugada grupos de campesinos, estaba custodiado por una barrera de policías.
Pérez Molina monitoreó la marcha en su contra desde el Centro de Monitoreo del Ministerio de Gobernación, a pocas cuadras del Palacio Nacional donde se concentraba la protesta, informó la presidencia de la república.
«Consideramos que el señor presidente debería reflexionar en su conciencia la decisión de no renunciar», dijo la Conferencia Episcopal católica en un comunicado. «Tememos que su postura actual cause más polarización en el país y genere mayor conflictividad. Desafortunadamente es evidente y lamentable que grandes sectores de la población no tienen ya confianza en el presidente».
«Los casos de corrupción que involucran a varios de sus colaboradores, las mismas acusaciones en su contra, la renuncia de miembros de su gabinete, han hecho que pierda su liderazgo y que no tenga respaldos sólidos que garanticen que pueda seguir con su misión de gobernar», agregó.
Renzo Rosal, analista independiente y catedrático universitario, dijo que la marcha a generado una presión muy fuerte al gobierno de Pérez Molina y que fue motivada tanto por la situación jurídica de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como en la insistencia del presidente de permanecer en el cargo.
«Aquí la gran pregunta es de qué está agarrado el presidente aún que no ha cedido el poder, tal parece que lo único que lo mantiene ahí es el deseo de seguir desde adentro protegiendo a la ex vicepresidenta o está intentando ganar tiempo para poder eliminar evidencias de posibles actos de corrupción», dijo Rosal.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras del país, el máximo órgano del sector empresarial pidió de nuevo a Pérez Molina que renuncie al cargo.
«Hacemos un llamado a Otto Pérez Molina para que no se aferre al cargo y escuche el clamor de todo un país que rechaza de forma categórica los actos de corrupción cometidos en su gobierno», dice un comunicado hecho público por la organización.
«Protestamos por el robo de la infraestructura y los insumos hospitalarios. Los políticos no tienen vergüenza y los pacientes se mueren», dijo la estudiante de medicina Fernanda Monterroso, de 19 años. «Tiene que irse en presidente y hay que suspender elecciones hasta que se puedan convocar sin candidatos corruptos. Seguiremos saliendo hasta que haya un cambio político de verdad».
La Ministra de Gobernación Eunice Mendizábal ordenó por la mañana a las fuerzas de seguridad que resguardaban las instalaciones de edificios públicos por donde transitaría la protesta no portar armas de fuego.
«Se debe respetar los protocolos que fueron establecidos previamente… No violencia, no provocar violencia, no ceder a la provocación, debemos respetar el libre derecho que tienen las personas de manifestar, esta es una situación en la que la policía nacional civil debe demostrar su profesionalismo», dijo Mendizábal a un grupo de policías que resguardaba las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.
En un giro sorprendente la Procuraduría General, que representa jurídicamente al Estado, solicitó la noche anterior al gobernante «presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación».
La Contraloría General de Cuentas, ente auditor de las cuentas del Estado, exhortó en un comunicado a que «en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia… para evitar mayores incidentes sociales» y autorizó a sus empleados a participar de la huelga.
El rector de la universidad jesuita Rafael Landívar, Eduardo Valdés, dijo a la AP que «la evidencia de la corrupción es tan insoslayable que no ha quedado otra opción que lo que se está haciendo. La lógica de la corrupción y los datos que se han conocido sumada al cinismo político de algunos resulta insostenible para la población. Nosotros apostamos por el pueblo».
Desde la cadena de cafeterías más elegante, Café Saul, pasando por una peluquería, restaurantes, empresas de embalaje, supermercados o tiendas de electrodomésticos fueron al paro.
«Está todo medio parado, los que madrugan a traer mercancía no han llegado, mis hijos no fueron a estudiar, el bus venía vacío, faltaron transportes», dijo a AP Jorge Orozco, de 51 años, mientras colocaba cervezas en un refrigerador en el Mercado Central, que funcionaba a medias.
Durante la tarde y la noche del miércoles dio inicio una reacción en cascada de apoyo a la movilización.
«Decenas de empresas privadas llamaron al paro y anunciaron que cerrarían el jueves a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales.
«Al igual que tú, estamos comprometidos y enamorados de la visión de una nueva Guatemala. Por eso este 27 de agosto nos unimos a la voz de los guatemaltecos para que Guatemala vuelva a nacer. Nuestras pizzerías están cerradas porque Guatemala lo vale», se lee en la imagen hecha pública en Facebook por una conocida cadena internacional de pizzerías.
El paro y las marchas ocurren en medio de una intensa crisis política en las semanas previas a las elecciones del seis de septiembre.
Según la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que pidieron a la Corte Suprema de Justicia que diera trámite para que el Congreso integrara la denominada comisión pesquisidora, el mandatario está vinculado a una red integrada por funcionarios y particulares que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.
La ex vicepresidenta Baldetti renuncio por ese mismo caso el 8 de mayo y la víspera un juez dictó prisión a la ex funcionaria.
Desde el viernes y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios, entre ellos siete ministros, renunciaron a sus puestos incluyendo el embajador ante las Naciones Unidas Fernando Carrera.
Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril cuando se destapó el escándalo.
