En pleno año electoral tribunal empieza el juicio contra Cristina

AP Buenos Aires, Argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó ayer martes por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgada por presunta corrupción durante su mandato, casi tres años y medio después de dejar el poder y en pleno clima electoral por su reciente candidatura a la Vicepresidencia.

Poco antes del mediodía, y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la jefa de Estado entre 2007 y 2015 llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para participar de la apertura de un proceso que se alargará alrededor de un año con 13 imputados en la mira, como su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez.

También el exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde que en 2016 fue sorprendido ‘in fraganti’ cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento-, aunque estuvo apartado de los otros acusados por ser “imputado arrepentido” en otra investigación.

Supuestas concesiones

La causa se centra en las presuntas concesiones irregulares de 52 obras públicas viales, por unos 46,000 millones de pesos (unos 1,000 millones de dólares), al grupo Austral, propiedad de Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en prisión por presunto lavado de dinero desde 2016.

El juicio -que contará con unos 160 testigos- cobra especial relevancia al comenzar apenas tres días después de que Fernández, actual senadora, anunciara su candidatura a la Vicepresidencia del país, con quien fuera su jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a la elecciones de octubre próximo.

La Fiscalía apunta a que tanto Kirchner como su viuda fueron “jefes” de una “asociación delictiva” destinada a apoderarse “de millonarios fondos públicos”.

“Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional y convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”, leyó el secretario del tribunal.

De ese modo, el Ministerio Público sostiene que se creó una “maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez”.

Una vez transferidos esos fondos al constructor, según la acusación, una porción de ese dinero atravesaría el “camino inverso” en favor de Néstor y Cristina Kirchner a través de maniobras como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades inmobiliarias del matrimonio presidencial al propio constructor.

Si bien Fernández no habló públicamente, y solo se la vio sentada junto a su abogado Carlos Beraldi atender a la audiencia -a veces riendo y mirando el teléfono móvil-, horas antes de la sesión afirmó en Twitter que el juicio es un “nuevo acto de persecución” con el que se busca montar una “cortina de humo” para “distraer” de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos.

En su opinión, el “único objetivo” era colocarla en el banquillo de los acusados “en plena campaña presidencial”, algo que posteriormente fue negado con rotundidad por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

“Lo que dice Cristina Fernández no es cierto, ella forma parte de un proceso que empezó y llega a una etapa que tiene la posibilidad de defensa, el fiscal deberá probar que las personas acusadas cometieron delitos, con todos jueces designados durante de su gestión”, dijo Garavano en declaraciones radiofónicas.

Aunque el caso se inició en 2008 a raíz de una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, tomó impulso en 2016 después de que la Dirección de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio Macri denunciara que se encontraron una “maquinaria” que establecía sobreprecios del 50 % de media durante el kirchnerismo.

La expectación por ver a la ex jefa de Estado sentada en los tribunales se hizo patente en el gran volumen de periodistas acreditados y el número de seguidores de Fernández apostados tanto a las puertas de su casa, cuando salió camino de la sede judicial, como en los exteriores de esta, a pesar del cerco de seguridad policial dispuesto en la zona.

Además, este martes lo que acontecía en los juzgados fue uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, en las que se libró una particular batalla entre etiquetas como “#LaBandaAJuicio” y “#FuerzaCristina”.

La viuda de Kirchner, procesada en una decena de causas y en cinco de ellas con órdenes de detención, no puede ser arrestada por contar con fueros parlamentarios desde que fue elegida en las urnas como senadora en 2017. EFEvid unt volupid elligen dandust, none voluptam natur re ped ut alitissunt id quatiiscidi dolorrum idus, sum, que pe dit eum aspiet inulparum lam si anihit am quas alibusam enditatis de molendandias miniatur loremse lorem.

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 en una conferencia de prensa.

0. Una familia de origen cubano notificó oficialmente a la cadena hotelera española Meliá su intención de demandarla en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos que les fue expropiado hace casi 60 años, informó ayer el abogado Andrés Rivero.

El letrado miamense, que representa a los herederos de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando la expropiación, demandó este lunes a funcionarios cubanos que lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía española.

La familia Mata pudo interponer esta acción judicial a raíz de la reciente entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 por una decisión del Gobierno de Donald Trump.

El título III estuvo en suspenso hasta el pasado 2 de mayo porque todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump desde Bill Clinton decidieron no activarlo para no tener problemas en organismos internacionales y otros Gobiernos.

En virtud de este título, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista pueden demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas.. Washington. Las discusiones en el Partido Demócrata respecto a un eventual “impeachment” se intensificaron ayer martes luego de que Don McGahn, exabogado del presidente Donald Trump, se negara a declarar sobre acusaciones de obstrucción a la justicia formuladas contra el presidente de EE.UU.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes rechazaron la presión de colegas y compañeros de partido para relanzar la posibilidad de un juicio político luego de que la Casa Blanca obstaculizara nuevamente la investigación parlamentaria sobre la connivencia del equipo de Trump con Rusia en las últimas elecciones estadounidenses.

Tribunales

Furiosos porque McGhan faltó ayer martes a una citación en el Congreso, legisladores demócratas amenazaron con llevar el caso a los tribunales.

McGahn entregó al fiscal especial Robert Mueller indicios de que Trump intentó torpedear la investigación sobre un supuesta trama rusa, faltó a la citación por  instrucciones de la Casa Blanca. ?

es tras ser instruido por la Casa Blanca.

La negativa de McGahn a comparecer ante el Comité Judicial fue la más reciente en una creciente lista de maniobras de la Casa Blanca para frustrar las investigaciones de la cámara controlada por los demócratas.

La portavoz del Ejecutivo, Sarah Sanders, dijo el lunes que la investigación de Mueller sobre la supuesta colusión de Trump con Rusia exoneró al presidente, por lo que no es necesario seguir indagando.

Los arreglos para que Mueller testifique se han estancado por su insistencia en que el grueso de su testimonio se realice en privado.

Y la Casa Blanca apeló el martes una orden de la corte federal para que los contadores de Trump entreguen sus declaraciones de impuestos a otro comité de la Cámara.

Se ha negado igualmente a entregar al Congreso una versión completa del informe de Mueller y los documentos vinculados a la investigación.

-Furia-

Ante esta serie de actitudes de la presidencia, diputados de la oposición volvieron a la carga para enjuiciar a Trump.

“Debemos iniciar una investigación de juicio político”, declaró el representante Mark Pocan, uno de los líderes de ala progresista del Partido Demócrata.

“Tenemos que hacer nuestro trabajo y pronunciarnos sobre el impeachment”, tuiteó otra diputada de la izquierda demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien hasta ahora ha rechazado esa opción, programó una reunión para el miércoles para discutir el tema.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Diputados, Jerry Nadler, dijo que cada uno de los incidentes que McGahn describió en el informe de Mueller “constituyen un delito” y que el exasesor tiene que testificar ante el Congreso.

“Nuestras citaciones no son opcionales”, afirmó al inicio de la audiencia.

“Permítanme ser claro: este comité escuchará el testimonio del señor McGahn, incluso si tenemos que acudir a los tribunales para garantizarlo”, advirtió.

La Casa Blanca asegura que un exasesor de Trump no puede ser obligado legalmente a declarar, un argumento con el que Nadler no está de acuerdo.

– La sombra de 2020 –

Nadler dejó claro, no obstante, que está a favor de mantenerse apegado a la postura del partido de lanzar investigaciones públicas y no avanzar hacia un procedimiento de destitución.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Steny Hoyer, otro de los principales referentes demócratas en la Cámara.

The Washington Post informó sin embargo que el lunes por la noche, Nadler, cuyo comité manejaría cualquier acción de juicio político, le dijo a Pelosi que estaba a favor de abrir una investigación de impeachment, el primer paso en ese proc

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